lunes, 23 de julio de 2012

La IX Marcha Indígena en Río+20: El gobierno boliviano negocia con plata del Fondo Verde - II

Por el mal camino 

Los pueblos indígenas tampoco perdieron la oportunidad de reclamar a los oficinistas en su lunes. Junto a organizaciones de defensa del medio ambiente se dirigieron a la sede de las instituciones insignia en la destrucción de sus territorios: BNDES que presta el dinero y Petrobras que mueve las maquinarias para extraer los recursos de donde viven. Antes de partir del Aterro, jóvenes ecologistas montaron una pantomima de funeral de la “Política Nacional de Meio Ambiente”, plasmada en una ley de 1981, la cual quedaría caduca con la entrada en vigencia del Código Forestal, sancionado semanas atrás por el Congreso brasileño con la ayuda de la presidenta Rouseff. “Hasta ahora el mayor problema que tenemos como indígenas está en la tierra y el territorio, que están atravesando un alto riesgo por aquello que las corporaciones transnacionales llaman ‘economía verde’. 
Por eso nosotros hacemos aquí presencia, para evitar que se negocie sin consultarnos a los pueblos indígenas. En Bolivia ya tenemos problemas serios en el oriente. El gobierno de Bolivia ya ha negociado la plata del Fondo Verde a través de las Naciones Unidas”, dijo Celso Padilla, presidente del Consejo Continental del Pueblo Guaraní, que reúne a indígenas de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. “No queremos que se sigan negociando los recursos naturales, porque todo lo que tiene que ver con los recursos naturales está en los territorios indígenas. No queremos que se negocien nuestros conocimientos, nuestra sabiduría. 
Por eso ahora hemos propuesto marchar hasta la sede del Banco Mundial, porque ahí es donde se negocian todos los derechos de los pueblos indígenas y manejan plata a nombre de los indígenas. Mientras, nosotros desde hace tres días no tenemos qué comer ni donde dormir. Pero estamos aquí más de 5000 indígenas de todo el mundo para decir a los estados que nos respeten”, dijo Padilla, ex presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), cargo con el cual fue uno de los líderes de la Octava Marcha Indígena, el año pasado. 
Las agresiones policiales sufridas en Chaparina el 25 de septiembre de 2011 lo dejaron varios días en el hospital, para pasar luego una temporada en silla de ruedas. “No podemos hablar de una ‘economía verde’ cuando la soberanía alimentaria está en crisis, ya que nuestra tierra está sufriendo impactos muy fuertes, contaminación por la explotación de hidrocarburos, por ejemplo, a través de empresas transnacionales. 

Eso también provoca el cambio climático, el calentamiento global, todas las consecuencias que padecemos los indígenas”, dijo Padilla. “Hasta el 22 de junio vamos a sacar nuestra conclusión: que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, que se respeten los territorios y la naturaleza, porque nosotros somos parte de la naturaleza. Aquí estamos para poder decirle a los estados que los indígenas estamos en emergencia y movilizados”, aseguró el guaraní. “Hace más de tres meses los estados se han reunido para aprobar el documento oficial de Rio+20, el cual no conocemos nosotros, pero sabemos que todos los derechos de los pueblos indígenas no están tomados en cuenta. Lo que importa a los estados es el capitalismo, imponer lo que significa la economía verde: hacer a los pobres más pobres, a los ricos más ricos. 

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