En el primer capítulo define el desarrollo sostenible como la "promoción sustentada, incluyente y justa del crecimiento económico para crear mayores oportunidades para todos, reducir las desigualdades, elevar los niveles básicos de vida, promover el desarrollo social equitativo y la inclusión y promover la gestión integrada y sostenible de los recursos naturales y de los ecosistemas".
En torno a la "economía verde", otro tema polémico por las distintas concepciones sobre el asunto, el documento reconoce que "existen diferentes abordajes, visiones, modelos y herramientas disponibles para cada país, según sus circunstancias y prioridades nacionales, para alcanzar el desarrollo sostenible". Algunos países pobres, así como las ONG, consideran que la "economía verde" es una herramienta del capitalismo para apropiarse y comercializar los recursos naturales, como el agua y los bosques. En cuanto a la protección de los océanos, en el que se esperaba un acuerdo ambicioso y concreto, el texto tan solo se refiere a la necesidad del uso sustentable de la biodiversidad marina y de crear un mecanismo internacional que pueda tratar del asunto.
Las divergencias en torno al fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) fueron superadas con un nuevo texto que no convierte automáticamente a ese organismo en una agencia especializada de la ONU con mayor autonomía y presupuesto propio, como defendían los europeos. El documento solo menciona el fortalecimiento y un "upgrade" del Pnuma pero sin referirse a un nuevo organismo. El asunto que más generaba discrepancias era el de los "medios de implementación", es decir los recursos necesarios para financiar los proyectos de desarrollo sostenible y la transferencia de tecnología.
Tras descartarse una propuesta de los países pobres para la creación de un fondo con 30.000 millones de dólares anuales, el texto cita fondos de múltiples orígenes, como privados y de instituciones multilaterales, para no limitar la financiación a las ayudas de los países ricos a los pobres. El texto excluye cualquier mención a transferencia de recursos financieros, cifras o nuevos fondos, aunque prevé la creación de un foro de alto nivel en la ONU para estudiar esos mecanismos
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