b) Países en desarrollo
Los países en desarrollo, sobre todo en América Latina, están incómodos con el concepto de economía verde, ya que puede significar cosas distintas para diferentes personas. Su temor es que este término, de ser aceptado demasiado genéricamente, pueda permitir que los temas ambientales sean utilizados como base para un proteccionismo comercial o la inclusión de nuevos condicionamientos a la hora de otorgar ayuda y préstamos. Por ello, los países en desarrollo pretenden restringir el texto de la economía verde a principios amplios y acercarlo lo más posible al desarrollo sustentable. Para ellos desarrollo sostenible es más importante que economía verde porque ya hay acuerdos en torno al desarrollo sustentable, así como la promesa de apoyo para ellos. Argumentan que en Río deben incluirse objetivos económicos y sociales, como el crecimiento económico sostenido, la erradicación de la pobreza y la reforma del sistema financiero mundial. Es poco probable, sin embargo, que pueda alcanzarse un acuerdo sobre las cuestiones específicas de los objetivos de desarrollo sostenible. En Río+20 no se decidirán los detalles y, en cambio, se iniciará un proceso de uno o dos años para que la Asamblea General de las Naciones Unidas formule los objetivos, indicadores y plazos para alcanzarlos. Con todos estos antecedentes, queda claro que el concepto de economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza que saldrá de la Cumbre de Río+20 tendrá que pasar por un intenso debate hasta ser aprobado. Desde el punto de vista de los países de América Latina, el concepto puede presentar importantes posibilidades, aunque no todas estas emanan de la actual propuesta con la que trabaja la ONU. Por tanto, aunque se advierte la necesidad de una actuación global, se considera que son los países desarrollados los que deben invertir un mayor esfuerzo en la solución de la misma, debido a su mayor contribución a la problemática ambiental y a sus mayores posibilidades de financiación para el desarrollo de un cambio en la matriz productiva. En cuanto al segundo tema clave de Río+20, un marco institucional para el desarrollo sostenible, varios países están considerando establecer un nuevo Consejo para el Desarrollo Sostenible que funcione bajo la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sería una versión mejorada de la actual Comisión sobre el Desarrollo Sostenible que, todos coinciden, es demasiado débil. La actual Comisión se reúne sólo de dos a cuatro semanas al año, lo que resulta insuficiente para enfrentar las numerosas cuestiones sociales, económicas y ambientales que forman el contenido del desarrollo sustentable. El nuevo Consejo podría reunirse mucho más regularmente, a lo largo de todo el año, y tendría una secretaría más fuerte. Europa y varios países africanos también quieren mejorar el actual Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA) y convertirlo en una agencia especializada -como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)-, con el argumento de que su mandato actual es demasiado débil y de alcance limitado. Pero países como Estados Unidos y Rusia han manifestado su oposición a crear una nueva entidad de las Naciones Unidas, que implicaría más costos.
Varios países en desarrollo querrían también ampliar la autoridad en materia de desarrollo sustentable, y no sólo del ambiente. De manera que el acuerdo final podría ser fortalecer el mandato y la gobernanza del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), pero no convertirlo en un organismo especializado.
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