Una de las piedras angulares de las políticas de la UE sobre el
cambio climático es el régimen de comercio de emisiones puesto
en marcha el 1 de enero de 2005. Los gobiernos de la UE han
fijado límites a la cantidad de CO2 que pueden emitir anualmente
unas 12 000 centrales y fábricas de gran consumo de energía. Estas
instalaciones son responsables de casi la mitad de las emisiones
de CO2 de la UE. A las que emiten menos CO2 se les permite
vender los derechos de emisión no utilizados a otras fábricas que
emiten más. Se crea de esta manera un incentivo financiero para la
reducción de las emisiones.
Este régimen garantiza asimismo la existencia de compradores
de los derechos de emisión.
Las empresas que superan sus límites
de emisión y no lo compensan comprando los derechos de otros
tendrán que abonar fuertes multas. Gracias al régimen de comercio
de emisiones, éstas se reducirán donde resulte más barato y
disminuirán los costes globales de la reducción de las emisiones.
Otras medidas del ECCP se proponen, por ejemplo, mejorar la
eficiencia de los automóviles en el consumo de combustible y la
eficiencia energética de los edificios (un mejor aislamiento puede
reducir en un 90 % los gastos de calefacción); incrementar el uso de
las fuentes de energía renovables, tales como la eólica, la solar, la de
mareas, la de biomasa (materia orgánica como madera, residuos de
almazara, plantas, excrementos de animales, etc.) y la geotérmica
(calor procedente de los manantiales de agua caliente y los volcanes);
promover la generación combinada de calor y electricidad, que
requiere menos energía; controlar los gases de efecto invernadero
fluorados que se utilizan en el aire acondicionado; reducir las
emisiones de metano de los vertederos; concienciar a la población;
y potenciar la investigación, desarrollo y uso de tecnologías que
respeten el clima.
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