266. Destacamos el carácter prioritario de la lucha contra la corrupción y las
corrientes financieras ilícitas, tanto a nivel nacional e internacional, y que la
corrupción constituye un gran obstáculo para la movilización y asignación eficaces
de recursos y desvía recursos de las actividades que son fundamentales para la
erradicación de la pobreza, la lucha contra el hambre y el desarrollo sostenible.
Estamos decididos a adoptar medidas urgentes y decisivas para seguir luchando
contra la corrupción en todas sus manifestaciones, lo que requiere instituciones
fuertes a todos los niveles, e instamos a todos los Estados que aún no lo hayan
hecho a que consideren la posibilidad de ratificar la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción, o de adherirse a ella, y empiecen a aplicarla.
267. Consideramos que los mecanismos de financiación innovadores pueden
contribuir positivamente a ayudar a los países en desarrollo a movilizar recursos
adicionales para financiar el desarrollo con carácter voluntario. Dicha financiación
debe ser un complemento de las fuentes tradicionales de financiación, a las que no
puede sustituir. Si bien reconocemos los avances considerables logrados en materia
de fuentes innovadoras de financiación para el desarrollo, pedimos que se amplíen
las iniciativas actuales, según proceda.
268. Reconocemos que un sector privado dinámico, inclusivo, que funcione bien y
sea social y ambientalmente responsable es un instrumento valioso que puede
contribuir de manera decisiva al crecimiento económico y a reducir la pobreza y
promover el desarrollo sostenible. Con el fin de fomentar el desarrollo del sector
privado, seguiremos aplicando marcos normativos y reglamentarios adecuados a
nivel nacional con arreglo a las leyes nacionales a fin de alentar las iniciativas
públicas y privadas, incluso en el ámbito local, promover un sector empresarial
dinámico y eficiente, y facilitar el espíritu empresarial y la innovación en grupos
como las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables. Trabajaremos para mejorar el
crecimiento y la distribución de los ingresos, por medios como el aumento de la
productividad, el empoderamiento de la mujer, la protección de los derechos
laborales y el sistema tributario. Reconocemos que la función apropiada de los
gobiernos en relación con la promoción y regulación del sector privado variará de
país a país, dependiendo de las circunstancias nacionales.
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