Las primeras secciones (1 y 2) del documento “El futuro que queremos” se denominan “Nuestro futuro
común” y “Renovando nuestros compromisos políticos” y presentan el acercamiento conceptual de la
Declaración y los principales aspectos políticos (Descargable aquí en inglés: documento-eningles.
pdf) .
En este contexto, la Declaración ha finalmente reivindicado los Principios de Río 1992 y
de la Agenda 21 que estaban siendo puestos en duda por algunos países desarrollados.
Para el Estado Plurinacional de Bolivia es importante que el párrafo 39 reconozca al planeta tierra
como nuestro hogar y se haya manifestado que la expresión Madre Tierra sea común para varios
países y regiones, notando que algunos países han reconocido los derechos de la naturaleza para la
promoción del desarrollo sostenible. A su vez, el párrafo 40 hace un llamado a una visión holística del
desarrollo que guíe a la humanidad a la armonía con la naturaleza y a la restauración de la integridad y
salud de los ecosistemas de la Tierra.
Sin embargo, en el párrafo 7 todavía persiste la lógica antropocéntrica en la que prima el hombre
sobre la naturaleza, colocándolo en el centro del desarrollo sostenible. Asimismo, si bien el párrafo 49
enfatiza la importancia de la participación de los pueblos indígenas no convoca la aplicación o
suscripción universal a la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La sección 3, denominada “Economía verde”, sin lugar a dudas se ha constituido en la sección más
polémica de la Declaración, en tanto que la sociedad civil y las organizaciones sociales han
identificado que a través de este término se está aceptando la incorporación del capitalismo en la
naturaleza, promoviéndose la mercantilización de las funciones ambientales y procesos naturales con
serias implicaciones sobre el medio ambiente y los medios de vida de las comunidades indígenas y
poblaciones locales.
En esta sección el Estado Plurinacional de Bolivia ha logrados tres importantes aspectos.
En primer
lugar, se ha promovido el “reconocimiento de diferentes enfoques, visiones, modelos y herramientas”
para lograr el desarrollo sostenible (párrafo 56). De este modo, se ha avanzado en el hecho de que
los países que no comparten sus postulados no tienen por qué aparecer como prisioneros de la
“economía verde” en el futuro. En segundo lugar, se ha logrado degradar a la “economía verde” a una
simple herramienta para el desarrollo sostenible (el mismo párrafo 56). En tercer lugar, se ha
conseguido diluir el significado y el alcance de la “economía verde” introduciéndose una serie de
salvaguardas que incluyen el respeto a la soberanía de los países a sus recursos naturales; la
promoción de un crecimiento económico inclusivo y sostenible; fortalecimiento de la población
indígena y comunidades tradicionales; manejo sustentable de los recursos naturales; preservación y
respeto a enfoques de no mercado que contribuyan a la erradicación de la pobreza (párrafo 58).
Entonces, se ha conseguido hacer inaplicable un enfoque mercantilista de la economía verde y
neutralizarlo en la práctica. Sin embargo, es de esperar que los países desarrollados sigan insistiendo
en la puesta en marcha de este enfoque y dirigiendo los recursos financieros y asistencia técnica y
tecnológica a los países en desarrollo que escojan soberanamente avanzar en la implementación de
proyectos de economía verde.
La sección 5 se denomina “Marco para las acciones a seguir”. El mayor logro del Estado
Plurinacional de Bolivia en esta sección ha sido la eliminación de los mecanismos de mercado, pago
por servicios ambientales, incorporación de los costos ambientales en la economía y evitar un
enfoque muy climatizado y/o ambiental del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Bolivia también ha
logrado eliminar cualquier mención en el texto al mecanismo REDD+ que está vinculado a la
mercantilización de los bosques.
Un problema que todavía persiste en el documento es el rol excesivo que se le ha asignado al sector
privado, ya no como un grupo más de la sociedad civil, sino como una entidad de financiamiento del
desarrollo sostenible, a través de las alianzas publico-privadas, lo que debilita el concepto de
cooperación internacional a favor de las inversiones privadas. Por otra parte, no se ha podido lograr
que los países desarrollados trabajen en medios de implementación coherentes para lograr el
desarrollo sostenible.
Con relación a la seguridad alimentaria, se han reafirmado los compr omisos con el derecho humano
a la alimentación y el acceso a la nutrición, la seguridad alimentaria y el acceso a alimentos
suficientes, nutritivos y seguros para eliminar el hambre. También se reconoce el rol de las
comunidades campesinas, los pueblos indígenas y los pequeños productores campesinos en la
agricultura y de sus prácticas productivas que preservan el medio ambiente, reducen la degradación
de la tierra, promueven la seguridad alimentaria y fortalecen la producción nacional.
En el tema del agua, Bolivia ha logrado reafirmar los compromisos sobre el derecho humano al agua
potable y el saneamiento, aunque en un lenguaje más diluido que el de la Resolución promovida por el
Estado Plurinacional de Bolivia.
También se resalta la importancia crítica del agua para ejercer el
derecho al desarrollo, la erradicación del hambre y la pobreza, la salud pública, la agricultura, la
seguridad alimentaria, la generación de energía hidroeléctrica, la forestación y el desarrollo rural.
Con relación al tema de la biodiversidad, Bolivia ha insistido para que fueran retiradas del documento
todas las propuestas que mercantilizaban la naturaleza, como es el pago p or los servicios de los
ecosiste mas.
Con referencia a la sección 6 de “Medios de implementación”, que es también una de las partes más
controversiales de la Declaración, ya que se están debilitando de manera sistemática los
compromisos y esfuerzos de los países desarrollados para promover e impulsar el desarrollo
sostenible en el mundo. En esta sección simplemente se han reafirmado los medios de
implementación prometidos en las Cumbres de 1992 y 2002 y otras.
También se establece dar inicio
a un proceso intergubernamental para determinar necesidades financieras y evaluar necesidades
adicionales para proponer opciones para una Estrategia para el Financiamiento del Desarrollo
Sostenible. Esta propuesta ha sido desarrollada conjuntamente por el Brasil, Bolivia y la India.
Este es uno de los temas donde existe un importante retroceso ya que se han introducido en el
lenguaje los cambios que se han venido dando en los últimos años con el impulso a una arquitectura
de la ayuda internacional en el marco de la movilización de recursos de la inversión privada, el
comercio para la ayuda, y la exigencia para que los propios países en desarrollo contribuyan
financieramente a su desarrollo.
René Orellana y Diego Pacheco. Equipo de Negociación, Delegación boliviana para el Cambio
Climático y Río+20
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