227. Reconocemos que los minerales y los metales hacen una gran contribución a la
economía mundial y las sociedades modernas. Observamos que las industrias
mineras son importantes para todos los países con recursos minerales, en particular
los países en desarrollo. También observamos que la minería ofrece la oportunidad
de catalizar un desarrollo económico de amplia base, reducir la pobreza y ayudar a
los países a lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, entre
ellos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuando se gestiona de manera efectiva
y adecuada. Reconocemos que los países tienen el derecho soberano a explotar sus
recursos minerales de conformidad con sus prioridades nacionales y la
responsabilidad sobre la explotación de los recursos que se describe en los
Principios de Río. Reconocemos también que las actividades mineras deben
aumentar al máximo los beneficios sociales y económicos y abordar de manera
efectiva los efectos negativos ambientales y sociales. En este sentido, reconocemos
que los gobiernos necesitan una gran capacidad para desarrollar, gestionar y
reglamentar sus industrias mineras en interés del desarrollo sostenible.
228. Reconocemos la importancia de marcos jurídicos y reglamentarios, políticas y
prácticas firmes y efectivos para el sector minero que logren beneficios económicos
y sociales que incluyan salvaguardias efectivas que reduzcan los efectos sociales y
ambientales y conserven la biodiversidad y los ecosistemas, inclusive con
posterioridad a las actividades mineras. Exhortamos a los gobiernos y las empresas
a que promuevan un aumento continuo de la rendición de cuentas y la transparencia,
así como la eficacia de los mecanismos existentes pertinentes para prevenir las
corrientes financieras ilícitas derivadas de actividades mineras.
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