En 2011 se produce el informe Hacia una economía
verde. Guía para el desarrollo sostenible y la
erradicación de la pobreza, que reúne los enfoques
y principales conclusiones de las informes
anteriores junto a la idea de una transición de la
economía marrón a la economía verde2. De este
informe se destacan los siguientes propósitos:
1. Contribuir a la reactivación de la economía
mundial, a la conservación y creación
de empleos y a la protección de los grupos
vulnerables.
2. Promover el crecimiento sostenible e incluyente
y el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM).
3. Contribuir a la reducción de la dependencia
del carbono y de la degradación de ecosistemas.
Hacerlo, por una parte, mediante
incentivos fiscales y reformas políticas que
fortalezcan sectores de la economía que el
documento llama ‘verdes’; por otra, con reformas
en la arquitectura de las políticas
internacionales, de las que se espera logren
restablecer la salud del sistema fi nanciero,
amenazada por el cambio climático, el incremento
del precio del petróleo, la disponibilidad
de agua y tierras y una crisis generalizada.
Así, se alimentó la Iniciativa para una Economía
Verde, promovida, como se dijo, por Naciones
Unidas en los últimos años, en colaboración
con una amplia gama de asociados y expertos
internacionales, que el escritor Edgardo Lander
defi ne como un “nuevo marco conceptual
en el que se dan en la actualidad los debates,
negociaciones y procesos de formulación de políticas
de prácticamente todos los organismos
multilaterales” (Lander, 2011: 4).
Esa propuesta de paradigma ha provocado una
amplia discusión internacional en los círculos
ambientales y sociales de cara a la próxima
conferencia mundial conocida como Río + 20.
Grupos y organizaciones consideran que con
ella se profundizará la crisis sistémica de la
humanidad y el planeta, al alimentar la privatización,
mercantilización y financiarización de
la naturaleza.
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