Aspectos observados

En el texto del acuerdo de Rio+20 en su estado actual reconoce el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, pero no hay claridad sobre las obligaciones de los países desarrollados para su cumplimiento. No hay mención de que la Economía Verde esté sujeta a este principio. El lenguaje incorporado de la Naturaleza y de vivir en armonía con la naturaleza acaba legitimando la economía verde. Reconoce los derechos de la Naturaleza (en algunos países), pero esto en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible resulta ser una contradicción.

La definición y forma de aplicación de la economía verde sigue siendo ambigua y peligrosa porque sigue justificandoun crecimiento económico sostenido, en el que seguirá aumentado las desigualdades sociales y destruyendo la Madre Tierra. A pesar de que menciona quecada país puede utilizar enfoques propios sobre la economía verde, respetando la soberanía, se fomenta el andamiaje de una estructura que acabara condicionado a los estadosa implementar estándares internacionales Se otorga un papel más importante al sector privado para apoyar las políticas de economía verde que potencialmente van a generar fondos a través de proyectos que involucran a la mercantilización y financialización de la naturaleza, lo que es más de las mismas recetas que han causado las distintas crisis que hoy vivimos. 

Se abre la posibilidad de fortalecer los mecanismos de mercado, financieros y otros servicios para los pequeños productores agrícolas como una supuesta herramienta para lograr la soberanía alimentaria, lo que generaría aun mayor pobreza y exclusión. Fortalece e incentiva indirectamente a la participación privada para infraestructura de servicios de agua potable, servicios básicos y energía, entre otros, llamando a los gobiernos a crear escenarios de que faciliten las inversiones públicas y privadas. Asigna un valor monetario a la biodiversidad y su capacidad de proveer servicios esenciales como base del desarrollo sostenible y el bienestar humano promoviendo la inversión privada a través de incentivos y políticas para la conservación de la diversidad biológica expandiendo la posibilidad de nuevos mercados e instrumentos financieros para la mercantilización de la naturaleza. Propone las Metas de desarrollo sostenible, aun cuando no se han cumplido las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con el propósito de implementar la economía verde. No se asumen compromisos y obligaciones para garantizar la transferencia de recursos financieros y tecnología a los países en desarrollo 

Se abre la posibilidad de que se tomen en cuenten las inversiones privadas como fuentes innovadoras de recursos financieros para la ayuda oficial al desarrollo. Significa un retroceso en las luchas contra el libre mercado en sectores como la salud, educación que ahora además incluye los “servicios ambientales”. “Con base en estas reflexiones hacemos un llamado a las organizaciones sociales del mundo a exigir conjuntamente a los gobiernos aliados, entre ellos el G77 y los del ALBA objeten este acuerdo, y tomen acciones para lograr frenar este proceso de negociación, hasta conseguir que se ataquen las causas estructurales y se asuman compromisos concretos que lleven a cambiar el modelo económico neoliberal actual, para construir un modelo nuevo que nos permita un desarrollo justo, en armonía con la naturaleza y la filosofía del Vivir Bien”, invoca el manifiesto de la PBCC.