En 1997, en la ciudad japonesa de Kyoto, los gobiernos
dieron un segundo paso aprobando un importante
protocolo. Este tratado compromete a los países
industrializados entre ellos a reducir o limitar sus
emisiones de gases de efecto invernadero y a alcanzar
ciertos objetivos en materia de emisiones para 2012.
Cada país tiene asignado un objetivo.
El Protocolo de Kyoto se centra en los países
industrializados porque ellos son los responsables
de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero
pasadas y presentes, además de poseer los conocimientos y los
medios económicos necesarios para reducirlas. Por ejemplo, la
cantidad de gases de efecto invernadero producida en la UE es
de 11 toneladas por ciudadano y año, en tanto que los países en
desarrollo producen solamente 1 tonelada por ciudadano y año
aproximadamente.
El Protocolo de Kyoto entró en vigor el 16 de febrero de 2005.
Hasta la fecha, 150 gobiernos, incluidos los 25 de la UE, lo han
aprobado oficialmente (). Treinta y seis de ellos son países
industrializados que tienen fijados objetivos para 2012, la mayor
parte de los cuales exigen una reducción de los gases de efecto
invernadero comprendida entre el 5 y el 8 % con respecto a los
niveles de 1990. Solo Estados Unidos y Australia han decidido no
participar en el Protocolo de Kyoto, aunque inicialmente tuvieran
previsto hacerlo.
El Protocolo de Kyoto es un primer paso —ya en el
momento de negociarlo era evidente que no bastaría para
detener el cambio climático—, pero un primer paso crucial,
porque anuncia al resto del mundo que la gran mayoría de las
naciones industrializadas están dispuestas a cambiar de rumbo
para salvar el clima del planeta. Además, ha introducido varios
mecanismos que permiten a los países cooperar en la reducción de
emisiones, abaratándola.
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