Antonio Hill, asesor de políticas de Oxfam, reflexiona acerca de las implicancias que las
actuales negociaciones sobre cambio climático en Doha, pueden tener en América
Latina y el Caribe. Sostiene que revertir las tendencias políticas al centro de las
negociaciones dependerá de un clamor más contudente de los ciudadanos de este
mundo globalizado y no solo de los agricultores afectados.
Siempre resulta chocante observar la creciente
brecha entre las evidencias cada vez más
alarmantes de la catástrofe hacia la cual nos
arroja el cambio climático, y las ambiciones cada
vez más limitadas de los países del mundo para
resolver la amenaza.
Este año, el escenario para observar la brecha es
la 18ª conferencia dela ONU sobre cambio
climático (COP 18), que se celebra en Doha,
Qatar, paradójicamente el país con las emisiones
de gases de efecto invernadero más altas del
mundo (por persona).
A una semana del cierre de la conferencia, comparto con ustedes algunas reflexiones sobre las
implicancias de las negociaciones de la presente COP, principalmente en lo que se refiere a la
agricultura familiar y campesina para América Latina y el Caribe.
La agricultura ha venido cobrando cada vez más atención en las últimas rondas de
negociaciones (desde Bali, 2007) por dos razones fundamentales.
Primero, porque otros
sectores de importancia para efectos de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero –energía, transporte, industria, bosques, tratamiento de residuos– ya habían sido
tratados en el Protocolo de Kioto. La segunda razón es que el sector agrícola es una fuente
importante de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global (muchos coinciden en
que alcanzaría casi el 20% del total), representando la mayor fuente de emisiones de muchos
países, incluyendo la mayoría de los países en vías de desarrollo.
Por tanto, para los países industrializados, insistir en la agricultura es una forma conveniente
de transferir el foco de atención de su falta de acción sobre emisiones industriales a un sector
que requiere mayor atención por parte de los países del Sur.
Los países en vías de desarrollo
(agrupados en el bloque G77 y China) siguen resistiéndose a la creciente importancia del tema
agrícola en las negociaciones bajo el argumento de que no tiene sentido abrir la posibilidad de
mayores compromisos para los países del Sur cuando los países industrializados aún no
cumplen con su obligación de tomar el liderazgo en materia de mitigación. Esta postura
también resulta conveniente para grandes exportadores de productos agrícolas como
Argentina y Brasil.
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