El gobierno mexicano por conducto de la conagua y con el apoyo de la
Alianza wwf-fundación gonzalo río arronte ha desarrollado una
norma mexicana para la determinación de caudales ecológicos que
permitirá cumplir con lo establecido por la Ley de Aguas Nacionales e
incluir una asignación de agua para los ecosistemas en todas las cuencas
y acuíferos del país. En forma paralela, se desarrolla un programa para el
establecimiento de reservas de agua en 189 cuencas que presentan condiciones
favorables por su disponibilidad, importancia ecológica y baja
presión por el recurso. Estas cuencas tienen influencia sobre 97 áreas naturales
protegidas y 55 humedales reconocidos bajo la Convención Ramsar,
y comprenden 78,500 km2 de superficie de gran relevancia hidrológica.
Este mismo programa ya desarrolla las capacidades institucionales para
integrar criterios ecosistémicos que apoyan la gestión del agua, así como
el involucramiento de la sociedad para participar en la adopción y vigilancia
de las reservas.
Como medida de adaptación, las reservas de agua representan múltiples
beneficios. Los más evidentes para la biodiversidad son la conservación
de hábitat y conectividad biológica a lo largo de una cuenca, junto con
otros menos evidentes pero de gran valía para la gestión hídrica. En
particular, las reservas de aguas funcionan como instrumentos para la
gestión del riesgo, ya sea estableciendo un amortiguador contra variaciones
extremas de disponibilidad, y actuando en la integración de aguas
superficiales y subterráneas, la recarga de acuíferos y la conservación de
la capacidad hidráulica de cauces.
En el ámbito social, representan seguridad
en el abasto de poblaciones marginadas y fuente de alimentación,
principalmente. El establecimiento de 189 reservas de agua en cuencas
estratégicas identificadas creará una capacidad de amortiguamiento del
40 al 60% de la disponibilidad anual, lo que reducirá el riesgo de escasez
y su conflictividad social asociada; además de que limitará el proceso de
asignación de aguas, que actualmente se realiza con base en el 100% del
escurrimiento medio anual. Esta condición representa una situación de
elevada vulnerabilidad para la sociedad y nula capacidad de resiliencia
para los ecosistemas.
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