De acuerdo a estudios elaborados recientemente por la Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Bosques y Tierra (ABT), los bosques están distribuidos en el 48% del territorio nacional, esto
significa aproximadamente una extensión de 57 millones de hectáreas, de las cuales cerca del 80%
están concentradas en tierras bajas y el otro 20% en los valles interandinos y el altiplano.
Datos publicados por el Grupo Intergubernamental Especial sobre los Bosques de las Naciones
Unidas señalan que, a nivel mundial, Bolivia ocupa el sexto lugar entre los países con mayor extensión
de bosques tropicales y el decimoquinto en cobertura boscosa. Lamentablemente, este patrimonio
fue disminuido en las últimas cuatro décadas por la ampliación de la frontera agrícola y la tala
indiscriminada, de la cual se estima que el 50% de la madera para consumo interno es ilegal.
Según el Plan Nacional para el Manejo Integral del Bosque, elaborado por el Ministerio de Medio
Ambiente y Agua (MMAyA), la conversión de bosques a otros usos se incrementó de 150.600 ha/año
entre el periodo 1992-2001, a 350.000 ha en 2007, la cual se realiza cada vez más sobre suelos que
han sido clasificados de vocación forestal e impacta directamente a los niveles de la biodiversidad.
La tala ilegal genera una fuerte degradación socio-ambiental de los bosques debido a la forma de
ejecución y la falta de planificación, por un lado, afecta negativamente la capacidad de regeneración
natural de las especies aprovechadas, y no toma en cuenta áreas o especies sensibles, provocando
así la desaparición parcial de especies y la pérdida de funciones eco-sistémicas.
Por otro lado, este tipo de explotación reduce los ingresos públicos, lo que puede dar paso a la
corrupción e incrementar los conflictos sociales y la pobreza. Otros grandes impactos de la
deforestación y degradación de bosques es la disminución de potencial de captura de carbono, la
liberación de carbono y emisión de CO2.
En este marco, y de acuerdo al Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC), se estaría dando
un proceso peligrosamente acelerado de deforestación en Bolivia, lo que provocaría un incremento
promedio de temperatura hacia el año 2030 entre 1,3ºC y 1,5ºC por lo que se evidenciarían intensos
ciclos de precipitación en las tierras bajas y la exacerbación de escasez crónica de agua, y en las
regiones áridas se acentuaría más el problema afectando a la seguridad alimentaria.
Para abordar el problema de la deforestación es necesario comprender sus causas fundamentales
que son numerosas y varían considerablemente en cada contexto, sin embargo éstas tienen una fuerte
relación con la distribución de la tierra y la regulación en el uso de la misma, que es distinta para
diferentes grupos sociales.
En Bolivia esto ocurre por diferentes motivos: los elevados costos del manejo forestal sostenible;
normas de dificultosa aplicación; conflictividad respecto a la tenencia de tierras; falta de apoyo a los
beneficiarios locales de los recursos forestales; limitaciones institucionales y económicas del sector
público; una débil gestión de los recursos forestales y; un incremento en la demanda de productos
forestales.
Para garantizar la supervivencia de los pueblos y la protección de los bosques en Bolivia se da la
urgente necesidad de trabajar en un modelo basado en la Gestión Integral que incorpore a los
distintos componentes del bosque y no así solo los recursos forestales, para que los componentes del
bosque sean administrados y aprovechados de forma sustentable y se puedan obtener alimentos y
generar ingresos para los pueblos que los habitan. En este sentido, se debería trabajar en una nueva
Ley de Bosques que incentive la gestión integral y no sea meramente punitiva como la legislación
actual.
Debido a que la Ley de Bosque y la Ley de Amazonía están en agenda para ser promulgadas por la
Asamblea Legislativa Plurinacional, es urgente una reacción oportuna y propositiva de las
organizaciones campesinas e indígenas, así como desde otros actores de la sociedad civil con el
objetivo de precautelar los derechos de los pueblos indígena originario campesinos y de la Madre
Tierra y lograr que la legislación ambiental no se vea flexibilizada, pero sobre todo con el fin de lograr
un desarrollo integral y sustentable en beneficio de la población sin afectar la biodiversidad del país.
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